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El Servicio Exterior de la República Dominicana

Nuestro abultado servicio exterior


El Gobierno ha alimentado la noción de manejo prudente del erario por someter a licitación las obras y ceñir sus compras y contrataciones a las regulaciones vigentes. Sin embargo, ese paradigma se desmorona en aspectos como los gastos generados por el personal supernumerario en embajadas y consulados en la mayoría de los países relacionados. La situación es un reflejo de lo que está ocurriendo localmente en algunas dependencias del Gobierno, en las cuales las nóminas están sobrecargadas de personal.

La nómina que publica en su página web el Ministerio de Relaciones Exteriores consigna que el país tiene 93 representantes ante la ONU, 38 ante la OEA, 4 en la FAO, 3 en una misión permanente en Austria y otros 3 en la UNESCO. Unas 2,000 personas están designadas como embajadores, cónsules, vicecónsules, agregados militares y personal de apoyo. Se estima que solamente en sueldos el gasto mensual supera los mil millones de pesos.
Un aspecto que degrada la imagen del país en el exterior es que el personal supernumerario ha sido designado para pagar favores políticos y por tráfico de influencias. El Gobierno dominicano tiene que actuar para ponerle fin a esta situación, que es la antítesis de prácticas de pulcritud, como las licitaciones y las compras y contrataciones.
PUENTE Y META EN TRÁFICO HUMANO
Así como ha sido puente y destino en tráfico de narcóticos, la República Dominicana es también origen, puente y destino en materia de tráfico humano, una migración generalmente movilizada por bandas organizadas que negocian con la desgracia ajena. Para el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, este es uno de los temas más preocupantes para el Gobierno.
El aspecto crucial para el país es que de la misma manera que ha sido incapaz de frenar la inmigración ilegal, lo será para contener la trata de personas que se origina desde aquí hacia otros países, o que proviene de otros países y nos utiliza como meta y como puente. Las flaquezas de la vigilancia fronteriza, las complicidades entre grupos locales y haitianos y otras deficiencias estructurales convierten en un gran reto poder articular políticas efectivas contra el tráfico humano.

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