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Seguridad Ciudadana, como instrumento de represion

Jorge del Cura, José Alberto Blanco y Doris Benegas, en el Ateneo Republicano. Foto: L. F.
Jorge del Cura, José Alberto Blanco y Doris Benegas, en el Ateneo Republicano. Foto: L. F.

Tres voces contra la Ley de Seguridad Ciudadana

Los abogados José Alberto Blanco y Doris Benegas, así como Jorge del Cura (portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura -CPT-) participaron este jueves en una mesa redonda en la que justificaron su rechazo a este Anteproyecto de Ley
Laura Fraile
Valladolid
"El objetivo de esta ley es favorecer una seguridad ciudadana que ellos se han inventado. En ella usan conceptos jurídicos vagos para hacer lo que les dé la gana. Sólo son ellos los que están inseguros. Por eso nos sacan esta ley". Con estas palabras describía este jueves por la tarde el abogado José Alberto Blanco el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, un tema que centró el debate de la última actividad del mes del Ateneo Republicano, que retomará su programación el 9 de enero.
Alberto centró su intervención en un exhaustivo comentario de este Anteproyecto abarcando desde su preámbulo, donde se justifica la aprobación de esta ley en base a la necesidad de actualizar la anterior y adaptarla a las "nuevas formas de poner en riesgo la seguridad ciudadana", a sus diferentes áreas de aplicación. "La seguridad ciudadana es un concepto que nos está metiendo el poder para que estemos asustados y que busca sancionar más y por más cuantía. Esta ley viene acompañada de la modificación del Código Penal, que también nos dará en todos nuestros derechos", continuaba Alberto más tarde.
Su recorrido por este Anteproyecto se detuvo en aspectos como las nuevas funciones que asumirán los agentes de seguridad privada, la obligatoriedad por parte de este personal o de los empleados públicos de colaborar con las autoridades, el modo en que podrán efectuarse ahora las identificaciones de las personas en la vía pública o la facilitación de la entrada y registro en los domicilios particulares. Este abogado también se refirió a las nuevas restricciones de permanencia en los lugares públicos y de tránsito, a los cacheos, a las nuevas medidas de seguridad extraordinarias, así como al régimen sancionador,que ofrecerá tres franjas de cuantías económicas según el tipo de delito: si éste es leve, de 100 a 1000 euros, si es grave, de 1000 a 30.000 y si es muy grave, de 30.000 a 600.000 euros.
Jorge del Cura (portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura -CPT-) se inclinó en cambio por abordar la criminalización de la protesta social y las estrategias de respuesta que se están llevando a cabo por parte de la ciudadanía. "Esta ley no sólo afecta a la disidencia política, sino que también lo hace a la totalidad de la vida de los ciudadanos. Existen múltiples formas de represión: desde la ejercida en la calle a la realizada en comisarías, pasando por las multas o las campañas de difamación y descrédito", comenzó indicando. Jorge se refirió también al gran incremento de denuncias de tortura que se habían producido, especialmente a partir del año 2011, algunas de las cuales ya han sido difundidas ampliamente a través de vídeos colgados en el Youtube o de informaciones recogidas en los medios de comunicación alternativos.
Asimismo, éste aludió a las estrategias que se están llevando a cabo para ocultar una represión sistemática contra ciertos movimientos sociales."Las sanciones económicas ya existían, pero ahora tienen una estructura más compacta. Ahora las formas de represión se realizan de forma más oculta. Por ejemplo en Madrid, en vez de prohibir la Manifestación por el Día del Orgullo Gay, se sanciona a los organizadores por incumplir las ordenanzas cívicas sobre el nivel de ruido. Se escudan en la protección del bienestar social para prohibir derechos cívicos. Otro ejemplo lo tenemos en la Asociación contra la Torturaque se dedicó a publicar Informes con el nombre de los funcionarios denunciados por tortura. En este caso lo que hicieron fue modificar la Ley orgánica de Protección de Datos e imponer una multa de tal cuantía que imposibilitó continuar haciendo el trabajo, ya que significó el cierre de esta iniciativa. Asimismo, quedaría mal imponer una condena por repartir propaganda. En su lugar ponen una multa por no pagar las tasas para poner la mesa. Con todo esto tratan de despistar la atención", continuó Jorge.
Otro de los puntos abordados en su intervención fue el de las respuestas ofrecidas por parte de la sociedad civil ante estas situaciones. En este momento se refirió a su trabajo dentro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que en sus diez años de trayectoria ha sumado a medio centenar de colectivos. También aludió a otras iniciativas repartidas por el resto del país, como las Coordinadoras contra la Represión de La Rioja, Murcia o Gijón,o la Asociación STOP Bales de Goma de Barcelona. "Debemos ser muy imaginativos y seguir investigando respuestas. La batalla debe ser permanente, porque los derechos se conquistan diariamente. Se están dando respuestas, como por ejemplo lo que está haciendo la Comisión Legal del 15M a la hora de denunciar y recurrir las sanciones por participar en manifestaciones, lo que están haciendo las Brigadas de Vigilancia Ciudadanaante las redadas de inmigrantes en Madrid o lo que hace EsCULcA en Galicia para detectar las irregularidades cometidas por los agentes de policía", afirmó Jorge, quien cerró su intervención recomendando el visionado de un documental, `La Doctrina del Shock´, así como invitando a usar la desobediencia civil.
Finalmente, la tercera persona que participó en esta mesa de debate fue la abogada Doris Benegas, quien compartió una reflexión acerca de los motivos que están llevando a la implantación de este tipo de leyes. "Hemos dado un salto cualitativo en el endurecimiento de la represión. Han perfeccionado los instrumentos legales con el objetivo de atemorizar, castigar, impedir las movilizaciones sociales y políticas... pero el objetivo final es imponer un nuevo modelo de dominación en el terreno de la economía y la política. No es una casualidad que esto se produzca ahora. Todo esto está en consonancia con los objetivos del bloque dominante", comenzó afirmando esta abogada, quien aludió a otras medidas precedentes para allanar el terreno, como es el caso de la reforma de la Ley del Menor o las medidas introducidas durante el gobierno de Zapatero en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana.
"Dentro de esta crisis económica el poder está a la ofensiva y entra como una apisonadora. Sin embargo, tiene debilidades que aparecen reflejadas en los problemas de soberanía, porque la Troika les impone limitaciones, sufren una deslegitimación acelerada de su sistema político que ya nace viciado, padecen una descomposición que afecta a la Monarquía y que se manifiesta en la corrupción, el poder judicial está deslegitimado y está siendo manipulado... Cada vez hay más personas que están sintiendo este descontento político y ha habido un aumento importante de la contestación desde los movimientos sociales", continuaba más tarde Doris, quien terminó su intervención con un último llamamiento: "Hace falta reagrupar las fuerzas. Esta ley es un peldaño que hay que salvar. La manifestación del pasado 14 de diciembre fue impresionante, hubo alrededor de 15.000 personas. Todos demostraron que la voz del pueblo no es ilegal y que es una expresión de cómo se siente la gente".

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