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" ENCUENTRA UNA ROSA EL CUERVO, Y YA SE CREE RUISEÑOR "

    

" ENCUENTRA UNA ROSA EL CUERVO, Y YA SE CREE RUISEÑOR "


Dificilmente podrá encontrarse en America y el mundo, ninguna nación con una historia constitucional más vergonzosa,más enlodada,más pisoteada, más violada, desde que esta categoría de del estado Moderno fué concebida por los llamdos "Padres Fudadores" en los Estados Unidos,( o si se quiere por los vicionarios Enciclopedistas o incluso para Aristóteles, en el mundo antiguo ), como la Historia Constitucional Dominicana.

No han habido ningún tipo de crimenes,violaciones,irrespetos, agresieones susceptibles de cometerse contra esa Gran Categoría Política del Estado como La Constitucion Dominicana.

Narrar la historia trágica de ese llamado "Pedazo de Papel", cogería al más sintético de los escritores (quizás Borges o Don Juan )muchos muchísimos volumenes, esto por esa larga historia de crímenes, contra ella cometidos, desde le mismo 1844, cuando Pedro Santana, aun de despues de haberse supuestamente ésta terminado de redactar por nuestros constituyentes, tras negarse a promulgarla, logra que se le sea "anexado" el famoso articulo 210, que le daba todos los poderes dictatoriales y que convertia el Estado dominicano en un Estado Militar y no civil como emanaba de casi todo su articulado.

Aunque la Constitución de 1844,copiada por Buenaventura Báez de la haitiana de 1843 ( en la que fué constituyente )establecía con claridad su metodología de reforma, cuando se realizó, ( ver historia de las reformas constitucionales de Don Chilo Peña Batlle, en tomos I y II de la Coleccion Trujillo )sucedió que se tocaron muchos artículos que no estaban en la propuesta inicial, por lo que se comenzó ahi la larga historia de Constituciones Apócrifas, que no termina hasta nuestro dias.

Es así entonces, como los dominicanos, una nación con una larga historia de negacion o de irrespeto,de las normas más elementales de la institucionalidad,en este momentos, siguiendo una moda establecida por el judio Checo,  Hans Kelsen, en el contexto de un Estado salido de un Guerra Mundial, donde no funcionaba absolutamente nada en materia institucional, nos proponemos reformarle la plana a aquellos pensadores que conibieron el Estado Moderno, como la integracion de Tres poderes.

Nosotros, que no hemos respetados la institucionalidad de ninguno de ellos a lo largo de toda la historia, por decision de varios" augures" designados del Derecho, entramos en la moda de degradar uno de los poderes,( Suprema Corte de Justicia ), aquel que el juez John Marshall, en Estados Unidos, dignificó,con sus sentecias contra los poderes ejecutivos y legislativos, en los mismos tiempos  Hans Kelsen planteaba la el Juez John Marshall,demostraba con sus senterncias, lo contrario de lo que Kelsen afirmaba aquí, nuestros "augures",( como adivinando viendo el vuelo de los pájaros, como aquellos en las obras sobre el mundo antiguo ), pretenden hacer creer, que el problema de rebajar ese poder es un asunto administrativo, de la justicia.
No. Eso ese es un asunto politico. Ese es un importante asunto poitico, por medio del cual se le "enmienda la plana" a Montesquieu y muchísmos otros desde la República en Grecia y Roma.

Aunque habrían muchos argumentos más contra la pobre calidad de nosotros, ni de Hans Kelsen, para "enmendar esa plana, y aunque poco se expone aqui sobre el funcionamiento del Tribunal constitucional en Chile bajo Pinichet, aqui resaltamos un trabjo sobre la Historia del Tribunal Constitucional en Chile.

"ENCUENTRA UNA ROSA EL CUERVO Y YA SE CREE UN RUISEÑOR", es una frase  expresada por Stalin, en un contexto parecido, que le va como anillo al dedo, a quienes sin haber respetado nunca ninguna Constitución, se creen con capacidad de hacer con ella lo que les dá la gana.

Tribunal Constitucional: la historia y su proyección en el resguardo de la Carta Fundamental

Representantes de la Cámara de Diputados, académicos y ministros del propio tribunal, desglosaron la historia, el presente y los alcances futuros de la labor que cumple el TC en la institucionalidad política y jurídica de nuestro país.


Por José Luis Riffo M.

Los significativos cambios que ha vivido el Tribunal Constitucional (TC) en su tarea de resguardo y control de la Carta Fundamental, fueron analizados profusamente durante un seminario organizado por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y que se desarrolló en la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso, el pasado lunes 26 de abril.

Miguel Landeros, prosecretario de la Cámara; el académico y Doctor en Derecho, Lautaro Ríos, y los ministros del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona y Marisol Peña, fueron los encargados de desglosar la historia, el presente y los alcances futuros de la labor que cumple el TC en la institucionalidad política y jurídica de nuestro país.

Todo a partir de las reformas constitucionales de 2005, que modificaron y perfeccionaron las facultades y la orgánica de esta institución creada como tal por primera vez en el año 1970 y que a fines de 2009, vio concluido su proceso de adecuación a la normativa vigente con una nueva Ley Orgánica Constitucional.

Los puntos principales de la nueva Ley Orgánica Constitucional

La publicación de la nueva Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional puso fin a un largo periodo de adecuación posterior a las reformas a la Carta Fundamental del año 2005, promulgadas por el entonces Presidente Ricardo Lagos.

“Se puso término a un periodo que se inició el 11 de marzo de 2006, durante el cual el tribunal decidió ejercer las facultades que le otorgó dicha reforma, sin contar todavía con la ley orgánica que regulara lo estipulado en la Constitución, dado que lo medular ya estaba incorporado en la Carta Fundamental y la protección de los derechos que podían quedar sin cobertura, justificaba esta situación”, aclara de entrada el ministro Carlos Carmona.

En efecto, la Ley Orgánica fue publicada el 28 de octubre de 2009, cuatro años después de dictada la reforma sobre el Tribunal Constitucional. En ella se establecen normas de tipo formal, respecto al funcionamiento del tribunal y otras referidas a los alcances e incluso la publicidad de sus sentencias.

Entre las primeras, se cuenta que el presidente del TC podrá ejercer el cargo durante dos años, no pudiendo ser reelegido dos veces consecutivas. Además, detalla las incompatibilidades del puesto de ministro del tribunal con otras actividades como el ser parlamentario, ejercer la profesión de abogado, celebrar contratos con el Estado, participar en cualquier juicio contra el Fisco, ser director de algún banco o sociedad anónima y con todo empleo retribuido con fondos del Fisco, entre otras.

En un segundo aspecto, la ley estipula la publicidad de los actos y resoluciones del tribunal. Sus sentencias deben ser publicadas íntegramente en su página web o en algún medio electrónico análogo y simultáneamente en el Diario Oficial.

Sólo en algunos casos, se podrá decretar la reserva o secreto de determinados documentos o actuaciones, con el acuerdo de 2/3 de los miembros del TC.

Se incluyen como funciones del Tribunal Constitucional, resolver la constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), así como también pronunciarse sobre la inhabilidad invocada por un parlamentario, a causa de una enfermedad grave que le impida desempeñar el cargo.

El Tribunal Constitucional hoy

En lo medular, el TC debe velar por un control preventivo y posterior de proyectos de ley y decretos que puedan atentar contra la Constitución, ya sea acusando la inaplicabilidad de una norma o directamente decretando su inconstitucionalidad.

Para el ministro Carmona, en los últimos años el tribunal se ha convertido en “un tribunal de inaplicabilidades”, ya que cerca del 87% de su trabajo se relaciona con esta atribución  y sólo tres sentencias, en los últimos cuatro años, han significado la derogación de una ley.

Como integrante del TC, destacó las innovaciones sustantivas, procedimentales y orgánicas que introdujo la nueva ley en el funcionamiento de la entidad. Entre las primeras, Carmona resaltó el cambio en la concepción de constitucionalidad, ya que no basta con apelar a la contradicción de una norma con la Carta Fundamental, sino que ahora se establecen algunos requisitos adicionales como la debida fundamentación al momento de objetar un proyecto de ley.

“El requerimiento ante el tribunal no se trata de una mera denuncia en que el afectado comunica una intención. Es algo más que eso, es comprobar que existe un vicio y un razonamiento para construir ese vicio de inconstitucionalidad. No es como el recurso de protección, en que se comunica al tribunal y se le piden ciertas gestiones, es algo más que eso”, sostuvo el ministro.

En términos procedimentales es donde más innova la ley, a juicio de Carmona, permitiendo, por ejemplo, que ahora ciertos asuntos sean conocidos en sala y otros en pleno (antes todos los asuntos eran vistos en sesiones plenarias). Actualmente, el TC cuneta con dos salas compuestas por cinco ministros que, entre otros temas, están encargadas de decretar la admisibilidad de un requerimiento.

“El procedimiento se ha vuelto más reglado. Uno observa que existe una secuencia de trámites parecidos, que comienza con la aceptación del requerimiento, luego se da cuenta en la sala, si corresponde admitirlo a trámite, si cabe la admisibilidad, alegatos y sentencia. Por lo tanto, hay una secuencia reglada en todas las impugnaciones y es prácticamente semejante en todos los casos”, acotó.

Y entre las innovaciones orgánicas, relacionadas con aspectos internos del tribunal, se puede mencionar la creación de la figura del “suplente de ministro”, que cumple la función de reemplazar a algún ministro en sala, cuando alguno de ellos no pueda concurrir a la sesión.

Un poco de historia

La Constitución Política de 1925 fue la primera que incorporó en la legislación chilena la idea de que la constitucionalidad fuera controlada o resguardada por un órgano ajeno al Congreso Nacional.

Fue mediante el “recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley”, que se marcaba el primer hito en este ámbito, permitiendo que la Corte Suprema fuera la encargada de velar porque las leyes se adecuaran a la Carta Fundamental.

Para el profesor Lautaro Ríos, sin embargo, los efectos de esta nueva figura jurídica no fueron los esperados, debido a las limitaciones de forma, más que de fondo que tenía el recurso de inaplicabilidad, lo que fue advertido por académicos y especialistas de la época que terminaron siendo oídos por el Presidente de la República en esos años (Eduardo Frei Montalva), el que ingresó un proyecto de ley que dio vida por primera vez al Tribunal Constitucional.

Pero es la reforma constitucional de 2005 la que termina por consolidar la función de este organismo. “Yo la he llamado la gran reforma constitucional chilena. Nunca en la historia constitucional de Chile, alguien se había atrevido a proponer dos medidas tan potentes como las que ahora tiene el Tribunal Constitucional en su arsenal de defensa de la supremacía de la Constitución. El recurso de inaplicabilidad ahora está en sus manos y también el arma potentísima de poder declarar la inconstitucionalidad de un proceso legal, con efecto derogatorio de una norma”, comentó el doctor de en Derecho y profesor de Derecho Constitucional.

Se trata de la culminación de una historia que a ojos de la ministra del TC, Marisol Peña, ha llevado al constitucionalismo a transitar entre dos ejes: el estado liberal de Derecho (donde lo que prima es la ley y el Parlamento) y el estado constitucional de Derecho, que es en el que nos encontramos actualmente y donde la Constitución es una norma jurídica netamente vinculante.

“La Carta Fundamental deja de ser un mero freno o límite, un mero control al ejercicio del poder. Se pone ahora el acento en el contenido de la Constitución, que originalmente fue definido en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: un Estado que no tiene separadas sus funciones ni asegurados los derechos de sus ciudadanos, no tiene Constitución. Esto marcará una irrupción de un nuevo pensamiento donde ésta se erige como la norma suprema del ordenamiento jurídico”, asegura.

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