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Licencia para matar...

Licencia para matar

Por Aquiles Julián

El autor es escritor

Santo Domingo es cada vez más una peligrosa selva ajena a toda norma, a toda ley. Despojados de cualquier rastro de urbanidad y respeto por el otro, nos precipitamos, agresivos, en vehículos acelerados a todo dar, amparados en una permisividad, en una incuria imperdonable, en un colapso total de los organismos de regular y ordenar el tránsito.

La agresividad manifiesta, la indecencia ostensible y ostentosa, el irrespeto como trofeo de éxito social permea a todos los estratos sociales. Ventilamos en las calles citadinas nuestras frustraciones, nuestra falta de ética, nuestro ascenso vía el cohecho y la prevaricación, toda forma de dolo que aquí se aplaude como muestra de que no se es o se fue “un pendejo”. El asunto es atropellar el derecho de los demás. Vivimos a contravía.

Como a nivel educacional, en lo que la educación realmente implica: permitirnos la sana convivencia, retrocedemos miserablemente, en realidad en nuestro país no tenemos más que patanes con mucho dinero, patanes con algo de dinero y patanes que conducen patanas, voladoras y cualquier otro tipo de vehículo, incluyendo los patanes moticicletados y los de a pie. Y todos exhibimos en las calles nuestro enojo, nuestra opinión de que no hay norma alguna que respetar ni derecho del otro que reconocer. Nuestra ley consuetudinaria es que la norma existe para violarla y la ley es para quien carece de cuñas y no está pegado.

Somos el reino de la impunidad y el tráfico de influencias, el país donde todo lo resuelve un buen enllave y un buen fajo de billetes de mil y dos mil pesos. Alardear de estar por encima de normas y leyes, de vivir como chivo sin ley, es una gracia, que llegó a ser gracia presidencial incluso. Y eso empieza, como todo lo peor de este país, por arriba, pero sus efectos alcanzan hasta a los pordioseros, capaces de adueñarse de una esquina y, con una piedra en la mano, solicitar una limosna.

Así que la licencia de conducción de vehículo de motor la interpretamos como una licencia para aterrorizar, una licencia para matar. Y muchos no sólo la interpretan así, sino que ejecutan ese permiso. Diariamente, el manejo irresponsable, temerario; la violación a las normas de tránsito, lleva muerte y dolor a familias. La sociedad se traumatiza y desangra y no pasa nada, ocupados como estamos en boronear y prosperar al vapor.

Como dije, todos nuestros males arrancan desde arriba: funcionarios engolados que se sienten dueños y señores del país, y consideran que su posición les concede fueros de los que carece el ciudadano común. Ellos, dada su jerarquía, su jeepeta de lujo, sus guardaespaldas, sus franqueadores, no tienen que respetar las normas de tránsito. Por el contrario, todo tiene que apartarse y abrirle paso.

Eso significa que tenemos como cincuenta presidentes de la República circulando por las calles de la ciudad, trujillitos ensorbecidos. Cada funcionario “pegado”, cada general “pegado”, se siente uno. Y ya tuvimos el inconcebible incidente en que un general se enzarzó a tiros con las escoltas del vicepresidente de la República para entender de qué hablamos, por simplemente considerar que no tenía que respetar las reglas de conducción vial, hecho al que convenientemente están echándole tierra y sacándolo de la atención pública.

La cultura de saltarse normas, leyes y reglas amparados en los enllaves, el dinero y el poder real o supuesto del que se dispone es vieja, ancestral. Lo penoso es que nadie quiere enfrentarla y dar un giro de institucionalidad al país.

Aquí a todos los presidentes se les llama pomposamente estadistas, cuando ninguno lo fue ni lo es. Son simplemente cabecillas de grupos que se imponen a otros grupos, en muchas ocasiones en base a malas artes, y actúan, más que ellos mismos aquellos que se amparan bajo su jefatura, sin control ni ley. ¿No tuvimos un presidente de esa jaez que mandó militares en un helicóptero de las Fuerzas Armadas a traer presos a un par de locutores, violando todo procedimiento y toda ley y la constitución misma, sin que nadie eruptara siquiera, en un abuso de poder imperdonable?

Y la involución social, en cuanto a normas de convivencia y respeto por el otro, es acelerada. Y abiertamente criminal. He visto personalmente patanas a alta velocidad violar la luz roja en esquinas como la Kennedy con Lope de Vega en horas tan tempranas como las ocho de la noche, porque no hay nada que las detenga: ellas son las que tienen derecho y quien se puso en medio, que se muera.

Vehículos en vía contraria, vehículos aparcados en las aceras, motoristas en motores sin placa, sin casco, sin licencia, seguro ni chaleco reflectivo, corriendo temerariamente y sin respetar señales ni norma alguna; militares violando las normas por montones; autobuses de la OMSA manejados con total desparpajo, agresivamente; autobuses y minubuses de CONATRA y FENATRANO que se saltan toda regla y toda señal de manera olímpica, prevalidos del chantaje de que si nos regulan armamos una huelga y un lío de todo el tamaño; “voladoras” (microbuses) destartaladas y carranchos abollados por todos lados que irrumpen fieros por cualquier parte y desplazan a la fuerza a quien venga en su carril.

Recientes declaraciones del ex –director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, institución que vino a suplantar a la increíblemente corrupta Policía de Tránsito, el ingeniero Onéximo González, muestran cifras desgarrantes. Nueve dominicanos pierden la vida diariamente en accidentes de tránsito, la mayoría jóvenes de 24 años de edad en promedio. Es una sangría imparable. Eso significa 3,285 muertos en promedio al año. Y cada vez que salimos a la calle, y en ocasiones incluso estando en nuestros propios hogares, podemos ir a engrosar esas luctuosas estadísticas.

Igualmente señaló el exfuncionario de la AMET que el Estado dominicano gasta unos US$1,300 millones de dólares; es decir, unos RD$47,710 millones de pesos, en servicios de salud derivados de los traumas y daños ocasionados por accidentes de tránsito.

Y denunció la falsificación interesada de datos, señalando que en un estudio realizado por el doctor Pedro Gris (¿se trata del poeta Pedro José Gris?) se evidenció que en el año 2008, mientras la AMET asentaba como víctimas mortales de accidentes de tránsito la cifra de 1,854 personas, la cifra real ascendió a 3,675 personas.

El abuso a cualquier derecho ajeno campea. Ya vimos como los motoristas han resistido incluso a balazo limpio, y en una vía como la Av. Winston Churchill, el intento de regulación y normatización que desde la AMET ha intentado el general Sanz Jiminián. Y, más escandaloso aún, aunque no tan sorprendente, cómo estos rufianes son respaldados y apoyados por personas que simplemente consideran que hay que oponerse a toda iniciativa que provenga del gobierno y sus instituciones: el oposicionismo absurdo que muestra obtusidad mental, obnubilamiento cerril y suicida del entendimiento y la cordura.

El concepto tradicional que impera en nuestro país es que la ley sólo existe para el infeliz, para el opositor y para el que no está “pegado”. El resto puede saltársela sin mayores inconvenientes.

Tenemos un aparataje formal, códigos copiados que nos vienen de fuera, un barniz de civilización y buen vivir que se descubre falso, fementido, inmediatamente salimos a la calle y nos entregamos a este ejercicio de The fast and the furious ¿Será por eso que el actor de estas películas, Vin Diesel, gusta de nuestro país?

Desde las que debían ser amables abuelitas, que conducen sus Mercedes Benz como camioneros en pleno polígono central de la ciudad, en adelante, todos vivimos este deporte extremo que es desplazarse en un vehículo en Santo Domingo.

Yo mismo, que escogí pertenecer a ese raro y excéntrico segmento club que constituimos los “Pendejos Decididos a Respetar las Normas de Tránsito”, no estoy a salvo de la violencia imperante: me han chocado más de una vez mientras espero el cambio del semáforo. Apenas me queda encomendarme a Dios y extremar las precauciones, aunque admito que sirven de poco. Tal es la irracionalidad con la que se desenvuelve todo a nivel del tránsito vehicular en la capital y, en general, en las vías del país.

Tal vez convendría transformar este fenómeno que parece irreversible en un atractivo turístico. Dado el gusto por la adrenalina, los deportes extremos, el riesgo gratuito, la velocidad y la agresividad ¿No podrían el Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento del Distrito Nacional promover la capital como el lugar mejor del mundo para exhibir tu instinto criminal y conducir como loco? Algo así como “Descubre el secreto mayor: maneja como te dé la gana y si alguien se te pone en el medio ¡Atropéllalo! Ven a Santo Domingo, donde no hay ley y con dinero cualquier caso se arregla. Una experiencia que hace que The fast and the furious sea un juego de niños”.

La ley, las normas, los reglamentos, todo eso a lo que nos acogemos para organizar y normar la convivencia humana, es lo que nos salva del salvajismo, lo que impide que caigamos en la ley del más fuerte y en la violencia como norma de las relaciones sociales. Al permitir y en alguna forma estimular que normas y leyes sean letra muerta, se fomenta que lo peor, lo más antisocial, del ser humano emerja y asuma el control de la conducta. ¿No lo muestran los cada vez más frecuente linchamientos? Y la mayor responsabilidad, qué duda cabe, cae sobre nuestras autoridades y, en particular, las cabezas, más empeñadas en lucrar que en cumplir la responsabilidad otorgada; en traficar y prevaricar que en ejecutar el mandato otorgado; en ostentar y humillar a los demás con la riqueza malhabida que en dar un ejemplo de probidad y recato.

Triste suerte la de nuestro país, en que los ciudadanos nos sentimos atrapados entre pandillas siniestras, en que los partidos semejan asociaciones de malhechores ansiosas de ir a depredar el Estado y en que las leyes y normas sólo existen para permitir que el aparato policial y judicial piquen lo suyo. Pobre de nosotros, los ciudadanos.

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